El Consejo de Ministros estudia hoy 22 de julio de 2011 la reforma del la Ley de                             Enjuiciamiento Criminal propuesta por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño.

Además de traspasar la investigación de los jueces de investigación a los fiscales,                        contiene un punto que limita la libertad de información sobre las investigaciones                          judiciales.

Entre otras, desaparece la figura del imputado, que pasa a denominarse                                              investigado. desaparecerá la figura del juez de instrucción.  La dirección de la                                investigación pasará de estos togados a la Fiscalía.  En España los fiscales no tienen la                  independencia que la ley otorga a los jueces, sino que deben obediencia a sus superiores.

Su máxima autoridad es el Fiscal General del Estado. Se incorpora además la figura del              juez de control y de otro de audiencia preliminar, que examinará la validez del material                                                                      probatorio y decidirá si se debe formular acusación contra el investigado.

Se imponen límites “objetivos” y “subjetivos” a la acusación popular. Los primeros implican que esta no podrá actuar por sí sola cuando el fiscal y las presuntas víctimas del delito pidan el archivo del caso, aunque se tendrá en cuenta la relevancia pública del mismo. Los límites “subjetivos” supondrán que no podrán ejercer la acusación particular los partidos políticos, sindicatos ni las Administraciones Públicas.

Estaremos atentos al resultado final.