El Gobierno ha aprobado la reforma del sistema de pensiones que entrará en vigor en 2013 y que eleva la edad de jubilación a los 67 años en un lapso de tiempo de 15 años, es decir hasta el 2027. Este incremento se realizará a razón de un mes por año durante los seis primeros y de dos meses por año durante los nueve últimos.
En consecuencia aquellos que abandonen el mercado laboral a los 67 años tendrán que haber cotizado 37 años para poder acceder a la pensión máxima, frente a los 35 actuales. No se modifica sin embargo la edad mínima para tener derecho al 50% de la pensión, que se mantendrá en 15 años, de forma que ahora harán falta no 20 sino 22 años más para poder acceder al 100% de la prestación.
No obstante hay que matizar ciertos extremos: aquellos con 65 años que tengan carreras de cotización de 38,5 años o las cumplan antes de los 67 años podrán jubilares con toda la pensión. En este caso, el paso de los 35 años a los 38,5 años para acceder a la pensión máxima se realizará a razón de seis meses cada dos años, es decir, en siete escalones.
Así, a partir del cuarto año de entrada en vigor de la reforma, una persona con 65 años podrá jubilarse con toda su pensión si cuenta con 35 años cotizados.
Con carácter general, y en relación con las prejubilaciones, el coeficiente reductor pasará del 8% al 7,5%, esto quiere decir que la jubilación anticipada y voluntaria a los 63 años supondrá una de penalización del 15% para el primer momento de la reforma y del 30% respecto a los 67 años que estén vigentes en 2027. En resumen, se penalizan las prejubilaciones.
Por otro lado, también se ha modificado el incentivo para aquellos que retrasen voluntariamente la edad de jubilación sobre la ordinaria, pasando del 2%-3% al 3,5%, tanto para aquellos que trabajen más allá de los 67 como los que lo haga a los 65 años y puedan jubilarse a esa edad por sus años cotizados.
En cuanto a la regulación de la reducción de la edad de jubilación para profesiones penosas, el Gobierno ha llegado a un acuerdo con los agentes sociales para establecer mediante un decreto ley qué profesionales y con que reducción podrán jubilarse en este marco.