Renovado el convenio con el Colegio de Doctores y Licenciados de Sevilla y Huelva

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Un año más Fernández López Abogados ofrece a los Colegiados del Colegio de Doctores y Licenciados de Sevilla y Huelva los servicios profesionales de nuestro despacho, con ventajas inmejorables. Renovamos el Convenio con el Colegio con renovadas tarifas y mejoras en los servicios al colegiado.

Tribunal Constitucional y Decreto antidesahucios

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) –  El pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra el decreto-ley andaluz de medidas para asegurar el cumplimiento del fin social de la vivienda, conocido como decreto antidesahucios, al considerar que la expropiación de viviendas vacías a los bancos invade la competencia exclusiva del Estado en materia de “coordinación de la planificación general de la actividad económica”.
La sentencia, adelantada este martes y que cuenta con tres votos particulares, explica que el Estado ha puesto en marcha unas medidas que tienen una doble finalidad, proteger a los deudores hipotecarios y, al mismo tiempo, promover el mercado hipotecario con la constitución de un fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crédito. Así entiende que el decreto-ley andaluz, con las expropiaciones, obstaculiza la eficacia de las medidas de política económica desarrolladas por el Gobierno.
Cabe recordar que de forma posterior a este decreto, la Junta de Andalucía dictó una Ley de Vivienda que derogó en parte el decreto-ley. Dicha ley fue también recurrida ante el TC por el Gobierno y está pendiente de resolución por el pleno.

El Gobierno central recurrió en junio de 2013 el decreto andaluz, concretamente su disposición adicional segunda y el artículo 1, por el que se da nueva redacción a los artículos 1.3 y 53.1.a) de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía al entender que afectaba al contenido esencial del derecho a la propiedad de la vivienda, que es una norma reservada a las Cortes Generales, establecía una responsabilidad sancionadora al margen del principio de culpabilidad que viene exigido por la Constitución y una regulación contraria al principio igualdad.

El Constitucional declara ahora inconstitucional y anula el primer inciso del artículo 1.3, en cuanto que se impone al propietario de una vivienda el “deber de destinar de forma efectiva el bien al uso habitacional previsto por el ordenamiento jurídico” rechazando así que deba formar parte del “contenido esencial del derecho de propiedad de la vivienda”.

Asimismo, ve inconstitucional y declara la nulidad de los apartados 5 y 6 del artículo 25 y del artículo 53.1.a) de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, en la redacción aprobada por el artículo 1 del decreto Antidesahucios y también hace lo mismo con su disposición adicional segunda porque “menoscaba la plena efectividad de la competencia estatal prevenida en el artículo 149.1.13 de la Constitución”.

Por otra parte, la sentencia del TC declara que el resto del artículo 25 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo es conforme con la Constitución, “siempre que se interprete como instrumento de la política autonómica de fomento de la vivienda en alquiler” en los términos que contempla la sentencia.
Respalda así que el resto del 25 se limita a definir el concepto de vivienda deshabitada y que no es más que un instrumento de la política autonómica de fomento de la vivienda en alquiler que no puede producir el resultado de disminuir el valor de la cartera de inmuebles de la SAREB en que se basa la alegación del Abogado del Estado.

LA URGENCIA, JUSTIFICADA

La sentencia cree que no puede rechazarse “como abusiva o arbitraria la situación de extraordinaria y urgente necesidad” que el gobierno autonómico, para legislar de urgencia –cuya constitucionalidad se cuestiona en este proceso– “ha apreciado en la actual crisis económica y en sus consecuencias sobre la vivienda”.
Así las cosas, cree que el Gobierno andaluz “ha cumplido con la exigencia de presentar explícita y razonadamente la situación extraordinaria que le habilita a usar los poderes de legislación de urgencia atribuidos estatutariamente”.
De ese modo, respalda que se emplee el Decreto-ley como “un instrumento del que es posible hacer uso para ordenar situaciones que “reclaman una acción legislativa inmediata, en un plazo más breve que el requerido para la tramitación de las Leyes”.

 VOTOS PARTICULARES

Tres magistrados han ejercido su derecho a voto particular y, de ese modo, la juez Adela Asua Batarrita discrepa con que para declarar la inconstitucionalidad de la disposición adicional segunda, la sentencia se base en la contraposición de las políticas públicas adoptadas por el Estado y las adoptadas por Andalucía ante el mismo problema social derivado del desahucio de viviendas, y la consideración de que la norma autonómica “interfiere” en las medidas estatales de política económica.
Así, echa en falta una fundamentación y que se acredite esa supuesta interferencia, es decir, en qué punto la norma autonómica impide o dificulta la aplicación de las normas estatales o la consecución de los dos objetivos de política económica estatal. “No se argumenta por qué la medida andaluza puede poner en riesgo el correcto funcionamiento del mercado hipotecario, ni en qué grado conlleva una desprotección o una reducción de la protección dispensada por el Estado a los colectivos desfavorecidos”, reprocha.
También el magistrado Juan Antonio Xiol Ríos, por su parte, muestra su disconformidad con la opinión de la mayoría de los magistrados en la que se sustenta la sentencia de que la normativa autonómica controvertida interfiere la regulación estatal y recuerda que ésta establece una suspensión de determinados lanzamientos por cuatro años, por lo que la ejecución de la normativa autonómica, tomando como presupuesto la existencia de una resolución de lanzamiento, quedará simplemente aplazada (no necesariamente en todos los casos) hasta que haya transcurrido el plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de la ley.
Por su parte, la magistrada Encarnación Roca duda de cuál puede ser la “estrecha conexión” que la sentencia dice existir entre la normalización de los mercados hipotecarios y el asentamiento del sistema financiero, con el mandato al Gobierno para que promueva con el sector financiero un fondo social de viviendas.
Al respecto, mantiene que el hecho de que ese fondo pretenda cubrir las necesidades de quienes han sido desalojados por el impago de un préstamo hipotecario, “nada añade, es más, produce un nulo impacto en el sistema hipotecario y no afecta a la solvencia de las entidades de crédito”.

Subastas Judiciales: Datos y gastos a tener en cuenta

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Para aquellos que desconozcan el sistema de las subastas judiciales, baste decir que consisten en la realización de bienes embargados o hipotecados en el seno de un proceso judicial, con el fin de satisfacer la deuda que reclaman uno o varios acreedores.

La realización de estos bienes se lleva a cabo a través del procedimiento de la subasta judicial, regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en los articulos 643 a 675.

Ahora bien, el coste de participación y adjudicación de un bien determinado no se limita al pago final de lo pujado en la subasta, sino que también incluye otras cantidades, unas siempre presentes, y otras cuya aparición es más casuística.

Con carácter previo a la participación, es muy importante la consulta del expediente del bien a subastar, prestando especial atención a la certificación de cargas, documento que nos indica si el adquirente habrá de asumir o no el pago de embargos, hipotecas u otras cargas que pesen sobre el bien, recogido en el articulo 656 LEC. A este respecto, el postor deberá asumir las cargas o gravámenes que aparezcan en la certificación del Registro de la Propiedad y que sean anteriores al crédito del actor que da lugar a la subasta y que sigan subsistentes.

Aunque técnicamente no es un gasto, es interesante destacar que, como requisito para participar en la subasta, se exige a los interesados haber hecho un ingreso, en la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado, por valor del 5% del valor de tasación de los bienes, o en su defecto, aval bancario por el mismo importe (articulo 647.1.3º LEC).  Reitero que esto no es computable como gasto porque, en caso de resultar el depositante como adjudicatario del bien, del importe a pagar se deduce la cantidad ya depositada; y en caso de no resultar adjudicatario, el Secretario Judicial efectuara la devolución de todas las cantidades depositadas.

Una vez adjudicado el bien, podemos encontrar una serie de gastos e impuestos cuyo pago es preceptivo:

– En primer lugar, es necesario el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que varia en función de la Comunidad Autónomas, y que en Andalucía se fija, en el 8% para bienes inmuebles (como tipo mínimo) y 4% para bienes muebles y semovientes; se recogen también diversas especialidades para cuyo conocimiento remitimos a la correspondiente normativa.

  – En el caso de bienes inmuebles, el adquirente deberá hacer frente a las deudas de gastos de comunidad que tuviera el anterior propietario, así como lo adeudado en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles correspondiente a la ultima anualidad vencida y la corriente.

– Asimismo, deberá hacer frente a los costes que correspondan por la inscripción y la cancelación de cargas en el Registro de la Propiedad.

– Por ultimo, en lo que se refiere a plusvalías, la regla general, establecida en el articulo 106.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, es que el sujeto pasivo de este impuesto sea la persona, física o jurídica, que transmite el bien, con lo cual el adquirente no tendría gastos por este concepto; en el caso de viviendas habituales, quedan exentas por el articulo 105 del mencionado Real Decreto

La conveniencia de solicitar la nulidad de las Clausulas Suelo en las Hipotecas

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En la actualidad,  son cada vez más numerosos, los  colectivos de personas afectadas por una hipoteca, con la ya famosa clausula suelo. Así, se  están reclamando a las entidades bancarias su anulación y la consecuente reducción de las cuotas hipotecarias,  así como la devolución de las cantidades que ya han sido abonadas al banco indebidamente y que han de ser devueltas por este.

¿A que es debido este comportamiento?. La respuesta es muy fácil: La mayoría de los juzgados de lo mercantil de primera instancia están reconociendo que, efectivamente los clientes tienen razón,  que han pagado de más al Banco y que ese dinero debe ser devuelto y reducido el importe de las restantes cuotas hasta el final del contrato de hipoteca, tal y como resultaría si esta cláusula no hubiera sido puesta.

Todo tiene su origen en la famosa sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 en la que, siguiendo la misma línea del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, considera como abusiva esta práctica de los bancos de introducir en sus contratos de hipoteca un límite mínimo al tipo de interés, de tal forma que, al sobrepasar el tipo de referencia Euribor ese mínimo, el cliente no pueda pagar menos, sino como poco ese interés mínimo, y claro, al concurrir en el mercado las circunstancias que llevaban a que efectivamente el cliente debía de pagar menos, el límite impuesto por el banco lo impedía.

El hecho de que el banco cobre un precio por el préstamo que da no debe implicar en ningún caso que éste pueda imponer cláusulas abusivas a sus clientes que le lleven a pagar un sobreprecio por encima de lo demandado en el mercado.

Algunas entidades bancarias han apaciguado el tema, aplicándoles desde la fecha de la sentencia del supremo, y de forma retroactiva, la nulidad de la cláusula suelo, devolviendo las cantidades indebidamente cobradas desde esa fecha. Sin bien esta formula ha conseguido, insisto “apaciguar” a ciertos clientes, no es menos cierto que con ello han conseguido que la avalancha de demandas se parara.

Así, no por ello se ha renunciado al derecho de reclamar como no puesta la cláusula suelo de las hipotecas afectadas, siendo del todo correcto reclamar al banco la nulidad expresa de la cláusula de su hipoteca, consiguiendo así que le sean devueltos los intereses indebidamente cobrados desde el inicio de la vida de la hipoteca y no desde la fecha de la tan cacareada sentencia del Supremo.

Por ello es aconsejable solicitar la nulidad expresa de su cláusula suelo.

Si necesita más información sobre este asunto puede visitarnos en http://www.fernandezlopezabogados.es

Firmado convenio con la Universidad de Sevilla

Fernández López Abogados, ha firmado un convenio de colaboración con la Universidad de Sevilla para que alumnos de Máster y Grado en Derecho realicen las prácticas en el bufete. Como no podía ser de otra manera el despacho sigue colaborando con instituciones de todo ámbito, en este caso poniendo al alcance de los alumnos de la Facultad de Derecho, la experiencia y el saber tras más de 42 años sirviendo a nuestros clientes.   logoUS_0

Estrenamos nueva página web

En Fernández López Abogados estamos en continuo cambio para adaptarnos a las nuevas tecnologías, por ello nos exige también el cambio de imagen y mejoras técnicas que ello requiere. Por esa razón nos hemos renovado con una nueva imagen y una web mucho mas clara y accesible, donde podréis encontrar todos los servicios que le sean de utilidad. Visitamos en www.fernandezlopezabogados.es 

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Firmado acuerdo de coprodución para la serie animada ” The Ripos”

El pasado día 10 de octubre, y bajo la dirección letrada de Fernández López Abogados, fue suscrito contrato de coproducción para la serie de animación “The Ripos”. Esta serie  nace de la idea de  reproducir la obra del escultor español Don Joan Ripollés.

Las productoras españolas Vidoxmedia, Genial Media, la francesa Zylo, y la Argentina dirigida por los productores privados Roberto y Alejo Dominguez, pusieron la primera piedra para la producción de “the Ripos” serie a nivel mundial que marca un hito en la coproducción de este tipo de series, al intervenir cuatro paises que nunca habían participado juntos, España, Francia, Argentina y China, este último pais, adherido a la coproducción bajo la aportación del inversor privado ” The Kayan Dynasty” que realizará los trabajos de producción en dicho país.

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Anteproyecto Código Mercantil

Fuente: Noticias JuridicasImagen

El Consejo de Ministros acaba de aprobar, a propuesta del ministro de Justicia y del de Economía,   el Anteproyecto de Ley del Código Mercantil con el que se sustituirá el Código de Comercio que está vigente desde 1885.

Según la nota hecha pública, el texto, en el que ha trabajado la Comisión General de Codificación desde 2006, se considera esencial para hacer efectiva la unidad de mercado en el ámbito jurídico-privado mediante la legislación mercantil que la Constitución atribuye al Estado.

Se considera que había una reclamación histórica de un Código Mercantil que acabe con la dispersión existente en la materia y contribuiya a la recuperación de la actividad económica al incrementar la seguridad jurídica mediante la actualización de las normas existentes, la regulación de las realidades que no contaban con una propia y la coordinación de todo el conjunto normativo.

El Anteproyecto de Ley del Código Mercantil gira en torno al concepto de mercado, entendido como el ámbito en el que se entablan por los llamados operadores del mercado (empresas, empresarios, profesionales) relaciones jurídico-privadas, siempre respetando las normas de protección de los consumidores, en especial del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

El Código regula materias que carecían de normativa aplicable. Es el caso de las normas sobre la empresa y operaciones o negocios sobre la misma y la representación. También se incluyen varios artículos sobre propiedad industrial y distintos tipos de contratos, como los de suministro, mediación, los de obra, prestación de servicios mercantiles, operaciones sobre bienes inmateriales, prestación de servicios electrónicos, contratos bancarios y de financiación.

Para redactar los 1.726 artículos de que consta el texto aprobado hoy por el Consejo de Ministros se ha tenido en cuenta la experiencia acumulada por los distintos operadores y los ordenamientos de los países de nuestro entorno, así como los trabajos de UNCITRAL y UNIDROIT, dada la importancia del comercio internacional.

 

El Código Mercantil se estructura en un título preliminar, en el que se delimita la materia mercantil, y siete libros. El primero delimita el régimen jurídico de la empresa y la responsabilidad del empresario, así como el Registro Mercantil. El siguiente se centra en las sociedades mercantiles. El tercero regula el derecho de la competencia y la propiedad industrial. El de las obligaciones y los contratos mercantiles en general es el cuarto y se complementa con el quinto, referido a los contratos en particular. El sexto es el de los títulos valores e instrumentos de pago y de crédito y el séptimo establece un régimen general de prescripción y caducidad de las obligaciones mercantiles.

 

Título preliminar, la delimitación de la materia mercantil

 

El mercado se concibe como el ámbito donde se cruzan ofertas y demandas de bienes y servicios mediante relaciones jurídico-privadas que son objeto de una regulación especial. Los protagonistas de ese tráfico se clasifican en productores de bienes y prestadores de servicios -que son los operadores del mercado sujetos al Código- y los consumidores.

 

A partir de ahí el estatuto mercantil se configura como el conjunto de normas que establecen derechos y obligaciones para los empresarios en función de la titularidad jurídica de una empresa y de la actividad que realiza para el mercado. Engloba las normas sobre régimen jurídico-privado de la empresa, responsabilidad y representación de su titular, registro mercantil y contabilidad, así como, en su conjunto, el derecho de sociedades mercantiles.

 

Libro primero: del empresario y de la empresa

 

El libro primero incluye la regulación de las empresas, la representación de los empresarios, los negocios sobre las empresas y el Registro mercantil.

 

El concepto empresario es entendido en un sentido amplio. Abarca a los agrícolas y artesanos, pero también se considera operadores de mercado a las personas que ejercen actividades intelectuales: liberales, científicas y artísticas siempre que sus bienes o servicios se destinen al mercado. Incluye a todas las personas jurídicas que ejerzan actividades previstas en el Código (como asociaciones y fundaciones) y a entes sin personalidad jurídica.

 

Regula los requisitos generales de capacidad del empresario para el ejercicio de su actividad, en nombre propio o por medio de sus representantes legales. Los menores no emancipados y las personas con discapacidad podrán, por medio de sus representantes legales, continuar el ejercicio de la actividad de la empresa que reciban por donación, herencia o legado, o que estuviesen ejerciendo al acaecer el hecho determinante de su incapacidad.

 

Se regula también la responsabilidad patrimonial del emprendedor de responsabilidad limitada, que incluye la exclusión de su vivienda habitual de la responsabilidad por la realización de actividades económicas, según lo previsto en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización.

 

Dentro de la representación mercantil se incluye a los auxiliares del empresario (empleados) y los apoderados generales y singulares, en función de si sus apoderamientos se extiendan a todas las actividades o sólo a determinados actos del tráfico de la empresa.

 

La empresa es una organización de elementos diversos de la que resulta un nuevo valor: el fondo de comercio. Los bienes inmuebles e instalaciones en los que el empresario realiza su actividad se definen como establecimientos, y se distingue el principal (centro de las operaciones desarrolladas) de las sucursales (dotadas de una representación permanente y de autonomía de gestión) y de los demás establecimientos secundarios o accesorios.

 

Una de las novedades que incluye el Código Mercantil se da en los concursos de acreedores, al regular la transmisión de la empresa como conjunto, y, salvo pacto en contrario o falta de conformidad de la contraparte, comprenderá la cesión de contratos celebrados en el ejercicio de la actividad empresarial, la cesión de créditos generados en ese ejercicio y la asunción por el adquirente de las deudas que resulten de la documentación contable y empresarial, de las que el transmitente responderá solidariamente.

 

La regulación del Registro mercantil incorpora los medios tecnológicos, como la plataforma electrónica central, que permitirá el acceso público a las consultas, y el soporte electrónico para la hoja individual en el sistema de llevanza, la constancia del documento inscribible o la expedición de certificaciones o notas informativas.

 

Libro segundo: de las sociedades mercantiles

 

El libro segundo del Anteproyecto de Ley del Código Mercantil regula las disposiciones generales aplicables a todas las sociedades mercantiles, para diferenciar las dos grandes categorías de sociedades, las de personas y las de capital. En cada una de ellas se distinguen disposiciones comunes y disposiciones propias o especiales de un tipo concreto, como las sociedades comanditarias, en las de personas, y las sociedades limitadas y anónimas, en las de capital. En estas también se incorporan las normas relativas a la sociedad anónima europea domiciliada en España, a la emisión de obligaciones y a la sociedad comanditaria por acciones.

 

Junto a este marco sistemático básico, se ordenan un conjunto de materias, como las cuentas anuales, la modificación de los estatutos, las modificaciones estructurales, la separación y exclusión de socios. También se regula la disolución, liquidación y extinción de sociedades mercantiles, las sociedades cotizadas y las uniones de empresas.

 

Entre las disposiciones generales destacan el establecimiento del principio de igualdad de trato de los socios en condiciones idénticas, la regulación de la página web corporativa o el dominio electrónico de la sociedad. Se ha puesto especial cuidado en la regulación de los modos de adopción de los acuerdos sociales (incluyendo su impugnación como derecho de la minoría) y la administración de la sociedad. Sobre esta última cuestión se han incorporado las reglas básicas sobre capacidad para ser administrador, competencia orgánica y poder de representación.

 

En la regulación de las sociedades de capital se ha invertido, a favor de la sociedad limitada, el orden de preferencia en la utilización práctica de los tipos societarios de capital. Además, muchas de las normas reguladoras se aplicarán indistintamente tanto a la sociedad anónima como a la limitada.

 

Se pretende una mayor correspondencia entre el capital de la sociedad y la estructura societaria elegida. Por ello para la sociedad limitada se mantiene en 3.000 euros la cifra de capital social mínimo, mientras que en la sociedad anónima se ha elevado al doble, 120.000 euros.

 

Se profundiza en las nuevas técnicas de constitución telemática y simplificada, y se incorpora el supuesto especial de la sociedad limitada con capital inferior al mínimo legal, recientemente regulado en nuestro derecho por la ley de apoyo a los emprendedores.

 

Con el objetivo de solventar las dificultades para proceder a la extinción de la sociedad liquidada en caso de falta de activo, se ha dispuesto un procedimiento más ágil que permite (todavía en el ámbito societario -no concursal y, por tanto, con menores costes-), constatar si hay posibilidades de reintegración patrimonial o de cobertura del déficit que justifiquen una declaración de concurso o si, por el contrario, debe procederse a la extinción y cancelación registral de la sociedad.

 

Se mantiene el tratamiento diferenciado de las sociedades cotizadas establecido en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital de 2010 con las propuestas realizadas por la Comisión de Expertos en materia de Gobierno Corporativo. Es decir, concentra las normas que corresponden al derecho de sociedades y aborda asuntos tan significativos como la prohibición de limitaciones de voto, el derecho a conocer la identidad de los accionistas, la información previa a la junta general, el derecho a presentar nuevas propuestas de acuerdo y las especialidades en materia de derecho de información. Parte de estas previsiones son de aplicación general a las sociedades de capital.

 

La coordinación con las normas de buen gobierno aprobadas por el Consejo de Ministros hace unas semanas se ha traducido, entre otras previsiones, en que se dé un impulso al principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres en los consejos de administración de las sociedades cotizadas.

 

También se ocupa de las asociaciones y foros de accionistas, las reglas de la solicitud pública de representación, el conflicto de intereses, las clases de consejeros, los requisitos para la acumulación de cargos y su duración, la cualificación del consejero independiente, las comisiones internas del consejo, las especialidades en materia de retribución o los instrumentos especiales de información societaria.

 

El régimen de las uniones de empresa, las agrupaciones de interés económico y las uniones temporales de empresas adquiere en este anteproyecto relevancia normativa. El concepto de grupo de sociedades se basa en el criterio del control. Es decir, por subordinación o de estructura jerarquizada, con sociedad dominante y sociedades dependientes o dominadas. No obstante, no se prescinde de la existencia de grupos por coordinación en los que dos o más sociedades independientes actúan bajo una dirección única.

 

Libro tercero: del derecho de la competencia y de la propiedad industrial

 

El anteproyecto comprende la regulación de la competencia en el mercado, incluyendo por primera vez determinadas normas ordenadoras de la actividad empresarial en el mercado –de manera coordinada con la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, a la que se remiten-, y normas de conducta dirigidas a empresarios y profesionales, pero también a cualesquier entidad que, como la Administración, participe en el mercado. También incorpora las normas sobre acciones y sobre algunos aspectos del procedimiento civil que hoy se contienen en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

 

Por otro lado, destaca la incorporación en el anteproyecto de ley aprobado hoy de normas de la propiedad industrial, en tanto que instrumento indispensable para el funcionamiento de la economía de mercado basada en el principio de libre competencia.

 

Libro cuarto: de las obligaciones y de los contratos mercantiles en general

 

La necesidad de modernizar este sector de la actividad mercantil ha hecho que el anteproyecto establezca unas normas generales que han de aplicarse a las obligaciones y contratos mercantiles. Como regla general tienen una eficacia dispositiva y sólo serán imperativas en los casos en que así se disponga expresamente. Están inspiradas en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa de Mercaderías de 11 de abril de 1980, en los Principios sobre los Contratos Comerciales Internacionales para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT) y los trabajos de la Comisión Landó sobre el Derecho Europeo de los contratos.

 

Estas disposiciones regulan las distintas fases de la vida del contrato, desde la fase precontractual (no contemplada en nuestro derecho positivo actual) hasta la extinción e incumplimiento del contrato, pasando por la perfección, la modificación, la interpretación y el cumplimiento del mismo.

 

Especial interés tiene la regulación de la contratación electrónica, que consagra los principios de equivalencia funcional, neutralidad tecnológica, libertad de pacto y buena fe. También se regula la contratación en pública subasta y la contratación a través de máquinas automáticas, como formas especiales de contratación a las que recurren con cierta frecuencia en determinados sectores del tráfico económico.

 

Como aspectos jurídicos importantes de la contratación moderna el Código Mercantil también incluye las previsiones referidas a las Condiciones Generales de la Contratación y a las Cláusulas de Confidencialidad y Exclusiva.

 

Libro quinto: de los contratos mercantiles en particular

 

Este libro incluye un amplio número de contratos mercantiles que se celebran habitualmente en el tráfico económico para impulsar la seguridad jurídica a través del establecimiento de un régimen jurídico previamente conocido. No obstante, algunos se regulan por primera vez a nivel legislativo, como los financieros o los de prestación de servicios informáticos.

 

Además, se mantiene la posibilidad de considerar como mercantiles, en virtud del principio de libertad de pactos, otros tipos contractuales que se producen en el mercado. A esos contratos atípicos se les aplicarán las normas sobre obligaciones y contratos mercantiles en general previstos en el Libro cuarto del anteproyecto.

 

Libro sexto: de los títulos valores e instrumentos de pago y de crédito

 

El Libro sexto incorpora la regulación de los títulos-valores e instrumentos de pago y de crédito como categoría legal general. Realiza una generalización de las reglas contenidas en la Ley Cambiaria y del Cheque, al tiempo que tiene en cuenta la progresiva sustitución del soporte papel por el soporte informático, una circunstancia que afecta a aspectos esenciales como la legitimación por la posesión del documento o la transmisión del derecho anotado.

 

El texto responde a un concepto unitario de los títulos valores en atención a la función económica que cumplen, que es la de facilitar y proteger la circulación del derecho o derechos documentados. En atención a la forma de circulación de los títulos-valores se sigue la distinción clásica entre títulos al portador, títulos a la orden y títulos nominativos.

 

La modernización que se opera en el régimen legal del cheque, el pagaré y la letra de cambio, se incorpora también a la factura aceptada. Se lleva a cabo la simplificación de este régimen mediante la supresión de las copias de las letras de cambio y la eliminación de la figura de la intervención. Y, sin perjuicio de las especialidades, se prevé un único régimen jurídico del libramiento, la transmisión, el aval, el pago y la falta de pago de estos títulos.

 

Por su parte, el régimen de los valores mobiliarios se efectúa a partir de dos elementos: por un lado, un elemento formal, la emisión en serie y, por otro, el destino del valor mobiliario a la captación de la inversión en virtud de un negocio de emisión.

 

También incluye este libro por primera vez la regulación de las tarjetas, sean de pago o de crédito a corto plazo. Se pone el acento en las obligaciones del emisor de la tarjeta con el objetivo de establecer las garantías que requiere el hecho de que muchas veces una de las partes contratantes no es un profesional.

 

Libro séptimo: de la prescripción y de la caducidad de las obligaciones mercantiles

 

Por último, el libro séptimo incluye las normas relativas a la prescripción y a la caducidad en cuya regulación se han tenido en cuenta las posiciones más modernas tanto de los ordenamientos nacionales como del tráfico internacional.

Por lo que se refiere a la prescripción, se ha establecido un régimen general, aplicable a menos que exista disposición expresa en contrario, que prevé un plazo único de prescripción reducido a cuatro años. Para computar los plazos se tendrán en cuenta los supuestos especiales de las prestaciones periódicas y las accesorias.

Importancia especial tiene la regulación que se hace de la suspensión de la prescripción, su causa y sus efectos, así como las novedades introducidas en su interrupción. A diferencia de lo que sucede en el derecho todavía vigente, se reconoce la interrupción de la prescripción por requerimiento extrajudicial sólo por una vez para evitar que se pueda mantener un crédito con duración indefinida, mediante requerimientos extrajudiciales sucesivos. Se fijan también los efectos de la interrupción y su aplicación a los codeudores solidarios y a los codeudores de una deuda indivisible.

También es la primera vez que se regula con carácter general la caducidad en sus aspectos fundamentales: efectos, validez o nulidad de los pactos sobre ella y determinación de cuándo procede su aplicación de oficio.

Balance Judicial 2013

Noticias Jurídicas//

En 2013 ingresaron en los tribunales españoles más de 8.600.000 nuevos asuntos: 1.670.000 en la jurisdicción civil, 6.300.000 en la penal, 191.000 en la contencioso-administrativa y 469.000 en la social.

Aumenta el número de los registrados en los Juzgados de Familia –cerca del 2 %-, de lo Mercantil –en torno al 20 %- y de lo Social –otro 20 %-, lo que evidencia los efectos de la crisis en los litigios que se siguen en este tipo de órganos judiciales.

A fin de año quedaban en trámite 2.680.000 asuntos, un 9 % menos que en el ejercicio anterior. Destaca la social como única jurisdicción en la que disminuyó la tasa de resolución y aumentó la de pendencia.

 

Este último dato es significativo, dado que las resoluciones en orden social suelen ser perentorias, así en caso de incapacidades por ejemplo, se están produciendo unos retrasos inmensos, fijando fechas de juicios por encima de los dos años. 

NOVEDADES DERIVADAS DE LA PUBLICACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 16/2013, DE 20 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS PARA OFRECER LA CONTRATACIÓN ESTABLE Y MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE LOS TRABAJADORES.

Con fecha 21 de diciembre se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el REAL DECRETO-LEY 16/2013 de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, que presenta como principales novedades las siguientes: CONCEPTOS COMPUTABLES EN LA BASE DE COTIZACIÓN AL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL La Disposición Final Tercera del Real Decreto-Ley 16/2013 de 20 de diciembre, modifica el artículo 109 de la LGSS en cuanto a los conceptos computables en la base de cotización al Régimen General de la Seguridad Social se refiere. Conforme a lo anterior, se definen como conceptos incluidos en la base de cotización, entre otros, los siguientes:
 La totalidad del importe abonado a los trabajadores por pluses de transporte y distancia.
 Mejoras de las prestaciones de Seguridad Social, salvo las correspondientes a la incapacidad temporal
 Asignaciones asistenciales, salvo las correspondientes a gastos de estudios del trabajador o asimilado, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las características del puesto de trabajo.
 La totalidad de los gastos normales de manutención y estancia generados en el mismo municipio del lugar del trabajo habitual del trabajador y del que constituya su residencia.
Teniendo en cuenta que la entrada en vigor del presente Real Decreto-Ley, es al día siguiente de su publicación en el B.O.E., por tanto el 22 de diciembre, las empresas deberán incluir los nuevos conceptos de forma efectiva en las bases de cotización correspondientes a la liquidación del mes de diciembre que se presentan en enero. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de la obligación de cotizar por estos conceptos incluidos en la base de cotización, las empresas que no hayan podido incluir los mismos en las liquidaciones a presentar en el mes de enero y/o febrero ( referidos a los periodos de liquidación de diciembre y enero), podrán presentar las mismas hasta el 31 de marzo de 2014, en tales casos, a través de la liquidación complementaria de tipo L03 especificando como fecha de control la fecha de publicación en el BOE del presente Real Decreto Ley. A tal efecto mediante resolución del Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social se autorizará, para el conjunto de las empresas, el ingreso sin recargo de las cuotas derivadas por dichos conceptos de cotización hasta el 31 de marzo de 2014.

la siguiente tabla se realiza una comparativa entre la regulación de la normativa anterior y la actual, de los conceptos incluidos y excluidos de la base de cotización:Imagen

 

DECLARACIÓN DE SALARIOS

Así mismo, la Disposición Final Tercera del Real Decreto-Ley 16/2013 de 20 de diciembre, modifica el artículo 109 de la LGSS estableciendo la obligación, para los empresarios, de comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social en cada período de liquidación el importe de todos los conceptos retributivos abonados a sus trabajadores, con independencia de su inclusión o no en la base de cotización a la Seguridad Social y aunque resulten de aplicación bases únicas. Para dar cumplimiento a lo anterior, la TGSS ha diseñado un nuevo fichero denominado “Conceptos Retributivos Abonados” (CRA) que se deberá remitir a través del Sistema RED, en el que las empresas deberán suministrar mensualmente la información sobre los conceptos retributivos abonados determinantes de la cotización realizada durante dicho mes. Para mayor información sobre este fichero puede consultar el Manual de Instrucciones Técnicas que se encuentra disponible en el área del Sistema RED de la página web de la Seguridad Social (www.seg-social.es) en la siguiente ruta: Sistema RED » RED Internet » Documentación RED Internet » Instrucciones Técnicas. Dichos ficheros se deberán remitir a partir de marzo de 2014. FOMENTO DEL TRABAJO A TIEMPO PARCIAL Y DE LA FLEXIBILIDAD EN EL TIEMPO DE TRABAJO El artículo 1 del Real Decreto Ley 16/2013, modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en los siguientes términos:
 Los trabajadores a tiempo parcial no podrán realizar horas extraordinarias, salvo en los supuestos a los que se refiere el artículo 35.3 del Estatuto de los Trabajadores –prevención y reparación de siniestros y otros acontecimientos extraordinarios-.
 Se modifican determinados aspectos de la regulación sobre las horas complementarias, entre otros:
o Se amplía el posible pacto a los contratos temporales, siempre y cuando la jornada de trabajo no sea inferior a diez horas semanales en cómputo anual.
o Se reduce el plazo de preaviso para la realización de tales horas, y se incrementa el número de horas complementarias que pueden realizarse
o Se establece una distinción entre las horas complementarias pactadas, de realización obligatoria para el trabajador cuando haya firmado el preceptivo pacto, y las voluntarias, que únicamente pueden ser ofrecidas por la empresa en los contratos que tengan una duración indefinida.
o Se establece una obligación de registro de la jornada de los trabajadores a tiempo parcial.
Por otra parte y en cuanto al régimen aplicable a los contratos vigentes, la Disposición Transitoria Única establece que el régimen de horas complementarias pactado con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley continua siendo de aplicación en los contratos vigentes a dicha fecha, salvo acuerdo de las partes.

 El periodo de prueba de los contratos de duración determinada del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores cuya duración no sea superior a seis meses, no podrá exceder de un mes, salvo que el convenio colectivo de aplicación prevea otra cosa y se actualiza el régimen de interrupción del periodo de prueba, ampliándolo a otras situaciones relacionadas con la maternidad y la paternidad.

Por otra parte, en la Disposición Transitoria Única establece que los periodos de prueba concertados con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley continúan rigiéndose por la normativa legal o convencional conforme a la que se celebraron.
 Se amplía desde los ocho hasta los doce años la edad del menor cuya guarda legal puede justificar una reducción de la jornada del trabajo diario, con la disminución proporcional del salario.
Por su parte, la Disposición Final Quinta del Real Decreto 16/2013, modifica el Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, estableciendo que no resultará de aplicación respecto a los trabajadores contratados a tiempo parcial, a los que resulte de aplicación la relación laboral de carácter especial del servicio de hogar familiar, las obligaciones de registro de la jornada establecidas en el artículo 12.5.h) del Estatuto de los Trabajadores. BASE MÍNIMA DE COTIZACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS La Disposición Adicional Segunda “Cuantía de la base mínima de cotización para determinados trabajadores autónomos” del citado Real decreto-Ley, establece con vigencia desde el próximo 1 de enero de 2014:
 A los trabajadores autónomos incluidos en el RETA conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional 27ª de la LGSS y artículo 21.3 de la Ley 4/1997, de Sociedades Laborales, les resultará de aplicación como base de cotización mínima la establecida para el grupo de cotización 1 del Régimen General, salvo que se trate de trabajadores que causen alta inicial a los que resultará de aplicación la base mínima establecida genéricamente durante los 12 primeros meses de su actividad.
Las nuevas bases mínimas de cotización ya se aplicarán, a los colectivos de trabajadores autónomos anteriores a los que se refiere esta Disposición Adicional Segunda, durante el próximo mes de enero de 2014. CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO INDEFINIDO DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES A TIEMPO PARCIAL. El Artículo 2 del Real Decreto Ley 16/2013 establece el contrato de trabajo de apoyo a los emprendedores a tiempo parcial y amplía las bonificaciones existentes desde el Real Decreto-Ley 3/2012 a estos contratos a tiempo parcial, computándose la cuantía de la bonificación de modo proporcional a la jornada de trabajo pactada en el contrato, no resultando de aplicación para tal cómputo los criterios establecidos en el artículo 2.7 de la Ley 43/2006. Estos contratos de trabajo se identificarán en el ámbito de afiliación con el valor 250 del campo TIPO DE CONTRATO y con el valor 1 del campo CONDICIÓN DE DESEMPLEADO. CONTRATACIÓN INDEFINIDA POR EMPRESAS USUARIAS DE TRABAJADORES CON CONTRATOS EN PRÁCTICAS CON EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL El artículo 3 del Real Decreto Ley 16/2013 amplía las bonificaciones para la contratación indefinida por empresas usuarias de ETT de trabajadores, puestos a su disposición por Empresas de Trabajo Temporal, cuando con éstas últimas el contrato de trabajo fuese de prácticas. REQUISITO DE PROCEDENCIA DE OTRO SECTOR DE LA ACTIVIDAD EN LOS INCENTIVOS POR LA CONTRATACIÓN A TIEMPO PARCIAL CON VINCULACIÓN FORMATIVA El artículo 4 del Real Decreto-Ley 16/2013 concreta el concepto de procedencia de otro sector de la actividad que el apartado 2 del artículo 9 de la Ley 11/2013 había remitido a un posterior desarrollo. En concreto, el Real Decreto-Ley 16/2013 establece que a estos efectos se entenderá por sector de actividad el identificado como Clase mediante un código numérico de cuatro cifras en el Anexo del Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la CNAE-09, de acuerdo con su artículo 3.d). Una vez concretada la definición de procedencia de otro sector de la actividad, en los próximos días se pondrá operativo el valor I del campo CONDICIÓN DESEMPLEADO destinado a la identificación de los trabajadores que cumplen este requisito para acceder a las deducciones establecidas en el artículo 9 de la Ley 11/2013. CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE La Disposición Final Segunda amplía el plazo para la celebración de contratos para la formación y el aprendizaje no vinculados a certificados de profesionalidad o títulos de formación hasta el 31 de diciembre de 2014.